Es una medida que piensan tomar el 31 de enero y que prohibirá la publicación y distribución de vídeos por Internet, excepto para las webs estatales. Esto probablemente afectará a webs tan importantes como YouTube. Además, se podrán solicitar permisos especiales para emitir material de vídeo, por los interesados, que se tendrán que aprobar y renovar periódicamente.
Con todo, un país que pretende lanzarse a la modernidad y que va a albergar eventos tan importantes como los Juegos Olímpicos este verano, se demuestra que todavía tiene mucho camino que recorrer hacia la libertad de prensa.